Conductores de Acacías enfrentan trampa en prescripción vial

#institutodetransitoacacias La "Trampa" de la Prescripción Vial: Cuando el Tránsito de Acacías Ignora la Constitución ​​Para miles de conductores, la "prescripción" se percibe como un beneficio automático que llega con el tiempo. Sin embargo, la realidad jurídica y el actuar de ciertas entidades demuestran lo contrario: la prescripción no llega sola; hay que arrancársela a punta de batallas legales a una administración que frecuentemente evade los mandatos constitucionales. ​Un claro ejemplo de esta constante institucional quedó al descubierto con la Resolución No. 544 del 4 de noviembre de 2026 del Instituto de Tránsito y Transporte de Acacías (ITTA), un documento que desnuda cómo se estiran los plazos y se vulneran derechos fundamentales hasta que un juez obliga a cumplir la ley. ​El laberinto del cobro coactivo ​El caso de ciudadanos como José Alexander Ortiz Rojas expone el modus operandi del aparato coactivo. Tras un comparendo de 2017 y un mandamiento de pago de 2019, la obligación debió extinguirse de manera improrrogable el 11 de octubre de 2022, conforme al término trienal de la Ley 769 de 2002. ​En lugar de declarar la prescripción de oficio —como manda la ley—, el ITTA optó por la dilación. Mediante embargos y actuaciones repetitivas, intentó mantener vivo un cobro caducado, defendiendo tesis contrarias a la jurisprudencia del Consejo de Estado. ¿El resultado? El ciudadano queda atrapado en un laberinto, obligado a sufragar costos y a acudir a la acción de tutela para ser escuchado. ​Pedagogía de la prescripción: El reloj no se detiene indefinidamente ​Es urgente desmitificar este fenómeno. La prescripción existe para poner un límite al poder sancionador del Estado. Ninguna autoridad puede mantener a un ciudadano bajo amenaza coactiva de manera infinita mediante interpretaciones amañadas. ​La ley es contundente: las multas de tránsito prescriben en tres (3) años y, aunque el mandamiento de pago interrumpe el término, este se reinicia por una sola vez y corre de forma fatal. Actos posteriores de la administración, como insistir en medidas cautelares, no tienen la virtud de revivir obligaciones muertas. ​Que el ITTA haya tenido que emitir la Resolución 544 tras una orden judicial del Juzgado Primero Civil del Circuito deja una preocupante verdad: en el tránsito de Acacías, la ley a menudo no se aplica por convicción, sino por presión de los jueces. ​Un llamado al respeto institucional ​El uso del cobro coactivo como una herramienta de presión desproporcionada vulnera la Constitución. Los ciudadanos deben perder el miedo a exigir la prescripción, pero las entidades están llamadas a erradicar las prácticas burocráticas defensivas. Exprimir financieramente a los conductores por deudas prescritas degrada la fe pública; la justicia vial no puede seguir dependiendo de un recurso de tutela para volverse realidad. #personeriamunicipaldeacacias #procuraduriageneraldelanacion